fuente: interferencia.cl
Mientras los distintos pueblos que levantaron un recurso de protección ven con optimismo el resultado de sus argumentos en el proceso judicial y esperan que el gobierno entrante opte por no apelar en el Tribunal Supremo en caso de un fallo favorable, el presidente de la Sociedad de Geología manifestó cómo -además de los reparos técnicos a la licitación- este nuevo revés judicial termina afectando la imagen del país frente a la industria minera internacional.
El nuevo revés que sufrió en tribunales el gobierno de Sebastián Piñera en su afán de continuar adelante con la polémica licitación del litio, al presentar la actual administración recursos de reposición para revertir la resolución y recibir la negativa de la justicia, voces críticas a la iniciativa gubernamental reafirman sus argumentos que abarcan distintos aspectos: falta de participación de pueblos originarios, deficiencias en el aspecto técnico, premura en la forma en la que fue llevado a cabo el proceso y un eventual ‘amarre’ de un recurso mineral estratégico como el litio para el gobierno entrante y la convención constitucional.
El Ejecutivo había presentado recursos de reposición para levantar la suspensión, tanto en la causa que emprendió el gobierno regional de Atacama como la que interpuso una comunidad indígena, en el marco del plazo que fijó la justicia para un pronunciamiento por parte de las autoridades. Sin embargo, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó expresó que “atendidos los antecedentes tenidos en consideración al resolver, “no ha lugar a la reposición, sin perjuicio de lo que se resuelva en su oportunidad acerca del fondo del asunto”.
Así, continúa entrampada la cuestionada licitación, en la que el Gobierno ya informó la adjudicación del proceso, adelantándose al plazo previsto en su momento. El 12 de enero se anunció la entrega de dos de las cinco cuotas que se ofrecían a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., dejando en el camino a SQM y Albemarle.
En su momento, el presidente electo, Gabriel Boric, calificó como “mala noticia” lo sucedido y recalcó que se le había pedido a la actual administración no innovar en esta materia. En paralelo, se desarrollaron una seguidilla de acciones de parlamentarios y otros actores para intentar frenar el proceso en diversas instancias como el Congreso, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional.
Argumentos en pie
A juicio de Ariel León Bacián, parte de los equipos políticos y técnicos que lograron que la Corte de Apelaciones de Copiapó considerara el derecho indígena en la detención del actual proceso de asignación de cuotas de litio, “la resolución de la Corte de Copiapó confirma la seriedad y la contundencia de nuestros argumentos. La subsecretaría y jefa jurídica del Ministerio de Minería presentó un recurso de reposición para dar por inadmisible los recursos de protección y para revocar la orden de no innovar que nosotros habíamos ganado. Fueron varias páginas que la Corte de Apelaciones rechazó sin muchos argumentos, no dio a lugar al recurso confirmando lo que ya había hecho sin mayor detalle, así que el esfuerzo que hizo el Gobierno por presentar ese recurso quedó en nada”.
Las principales críticas apuntan a la falta de participación de pueblos originarios; deficiencias en el aspecto técnico; premura en la forma en la que fue llevado a cabo el proceso; y un eventual ‘amarre’ de un recurso mineral estratégico como el litio para el gobierno entrante y la convención constitucional.
En esa línea, León sostuvo que “la verdad es que para nosotros es una pérdida absoluta por parte del Gobierno porque había hecho un despliegue comunicacional en torno a este recurso de reposición. Tuvimos oportunidad de ver incluso noticias a nivel de prensa minera internacional, que reportaban que el Gobierno iba a volver a tomar el control de la licitación del litio a través de un recurso de reposición, el cual vemos que presentaron y se los rechazaron. Eso también da cuenta de la seriedad con la que las organizaciones de pueblos originarios hemos acudido frente a la justicia”.
El vocero quechua explica que “para nosotros es ineludible el hecho de que se ha vulnerado los derechos a la consulta indígena de los pueblos originarios, que no basta con la consulta ambiental que se vaya a realizar en algún momento, sino que se requiere de una consulta sobre los planes de desarrollo que el Estado pretende imponer en territorio indígena. Lo dice el artículo 7º del Convenio 169 en virtud de que la ejecución y participación era inminente, y la Corte ha aceptado paralizar el proceso y creo que lo va a mantener paralizado hasta el final del juicio”.
Así, detalló que están a la espera de que el gobierno conteste, porque se pidió más plazo hasta el lunes para responder al recurso de protección. “En virtud de lo que se conteste nosotros también haremos valer más argumentos dentro del proceso en la espera de los alegatos”, afirmó.
Si bien no se atreve a vaticinar un resultado en la instancia judicial, sí reconoció que como pueblos originarios están con esperanza de que pueden ganar. “Tenemos una visión optimista de los fallos que puedan decidir este caso”, aseveró.
“Lo más probable es que este caso se va a decidir en la Corte Suprema. Hay que ver qué va a pasar con el próximo gobierno. Nosotros esperamos que la administración entrante, en caso de que el actual gobierno pierda en la Corte de Apelaciones, no apele en la Suprema porque entendemos que la intención del presidente Boric era poner una pausa y repensar la relación del Estado con los recursos estratégicos como el litio, y por cierto los pueblos originarios tenemos que tener una voz protagónica al respecto”, apuntó.
Por su parte, José Cabello, quien es director de la Sociedad Geológica de Chile y Persona Competente (título otorgado por Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras), afirmó a INTERFERENCIA que este nuevo revés también afecta la credibilidad del país en torno a futuras licitaciones y contratos con empresas extranjeras.
“Este rechazo comprueba el manejo inadecuado del gobierno. Deja además a BYD Chile y la otra empresa adjudicataria en una posición incómoda. Confirma validez de críticas de lo inadecuado de haber hecho la licitación a pesar de la solicitud en contrario de Boric y parte de la Cámara de Diputados. Sin duda esto afecta a Chile en su imagen frente a la industria minera internacional”, afirmó el profesional, quien fue parte de la declaración pública de más de 100 geólogos que rechazaron la licitación del litio y argumentó en este medio la necesidad de profundizar en la discusión técnica de la misma.