A raíz del surgimiento de voces oportunistas, que vuelven a aparecer cada cierto tiempo para defender intereses corporativos y mantener a ultranza la ambición empresarial por continuar con la concesión privada del Litio, un recurso estratégico para Chile, la Federación de Trabajadores del Cobre declara lo siguiente:

Reiteramos con profunda convicción que nuestro país cuenta con condiciones muy favorables de para continuar posicionándose como un actor relevante en la producción de litio a nivel mundial, con importantes ventajas competitivas generadas por sus bajos costos de producción en las salmueras, en comparación al resto de las operaciones en otros países.

Por lo tanto, no cesamos en nuestro argumento que el Estado puede y debe hacerse cargo de la explotación y comercialización de este recurso natural estratégico, explotando sus propias pertenencias y los mejores depósitos de este mineral que se encuentran actualmente en propiedad del mismo y que, de manera errónea, sectores políticos, económicos e ideológicos,  insisten en  entregar su explotación al sector privado y a las transnacionales.

En este contexto, las y los trabajadores del cobre consideramos imperativo crear la Corporación Nacional del Litio, tal como lo anunció el Gobierno del Presidente Boric, pues el Estado está plenamente habilitado para explotar un recurso mineral no concesible y que además dispone, a través de Codelco, de pertenencias en los Salares de Pedernales y Maricunga.

Un ejemplo concreto que legitima nuestro planteamiento, es la Nacionalización del Cobre, que ha  permitido aportar más de 140.000 millones de dólares de excedentes al Fisco. Por lo tanto, está absolutamente demostrado que una empresa del Estado eficiente, sustentable  y competitiva, es la mejor alternativa para rescatar el 100% de la renta minera en beneficio del país.

Es por esta razón que el Estado debe controlar la explotación del Litio en Chile, así como generar valor agregado a este recurso natural, promoviendo y reforzando una estrategia a mediano plazo para instalar en la sociedad chilena, la necesidad de industrializar nuestro país, junto con terminar con los contratos de arriendo a empresas que desde la dictadura militar y durante décadas, han gozado de utilidades extraordinarias.

En definitiva, el Gobierno encabezado por el Presidente Boric, es quien debe definir políticas de Estado orientadas a obtener el máximo beneficio de la explotación de este recurso natural estratégico, en favor de las actuales y futuras generaciones de compatriotas. Sólo a través de estas políticas públicas será posible terminar con estas prácticas que han repercutido negativamente en el justo desarrollo y progreso de Chile.