El 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional votó por unanimidad, la reforma a la Constitución Política de 1925 (Artículo Nº10), que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre para que el Estado chileno, se convirtiera en propietario absoluto de las riquezas naturales existentes en el país.
Concluía así, un modelo jurídico vigente por largos años, sobre la titularidad de la propiedad de las riquezas básicas y que en el caso del cobre, se había iniciado durante las primeras décadas del siglo XX, mediante el cual compañías norteamericanas como la Kennecott Copper Company, en El Teniente, (1907) y Anaconda Copper, en Chuquicamata (1914), habían explorado, descubierto y explotado los yacimientos cupríferos, gozando de manera casi exclusiva de los beneficios resultantes de la extracción del mineral rojo.
Sin embargo, pese a la presencia desde el primer momento de voces críticas, tanto al régimen de propiedad, como el bajo aporte que estaban realizando las compañías extranjeras a la economía nacional, en razón del no pago de impuestos, o a su reducido alcance, no es hasta los años cincuenta, que comienza a madurar el debate sobre la modificación de las «políticas», que regían a la gran minería del cobre y, en específico, sobre el comportamiento de la Kennecott y Anaconda.
Encabezaron el análisis y las propuestas transformadoras, los senadores Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Radomiro Tomic. Tomic, sostuvo que el cobre, representaba dos tercios de las ventas chilenas al exterior y que hace más de una década, este mineral representaba la «viga maestra» de la estructura de la economía chilena, por lo que el control del Estado no debía seguir postergándose.
Por su parte, el senador por Santiago Salvador Allende, presentó en 1961, el primer proyecto completo, para nacionalizar del cobre chileno y nuevamente reiteró su propósito en su Programa de Gobierno de 1964 (1).
Estas propuestas de Allende, estaban en línea con los procesos de descolonización africano y del Movimiento de países No Alineados, que abogaban entonces por un desarrollo económico de tipo nacionalista, sustentado en la propiedad estatal de las riquezas estratégicas de los países y del cual Allende, era un destacado adherente internacional. Por lo tanto, la inclusión de nacionalizar el cobre en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular de 1970, no representó novedad para el conjunto de las fuerzas políticas que disputaban la presidencia de la república.
Es así que a poco de asumido el gobierno, el 21 de diciembre de 1970, el presidente Allende envió al Congreso, el «Proyecto de Reforma Constitucional» mediante la Ley Nº 17.450. En solo seis meses, esta ley había recorrido todo el trámite legislativo y era aprobada sin cambios sustantivos el 11 de julio y publicada en el Diario Oficial el día 16 del mismo mes.